¿Qué tenemos? La sociedad dominicana, en sentido general, está alarmada y no es para menos, por las atrocidades cometidas por adolescentes menores de 18 años de edad; más aún, las instituciones judiciales dicen tener los brazos atados porque estos asesinos en serie estarían amparados por el manto protector que les brinda el actual Código del Menor.
Ahora que la sangre ha llegado al río y salpica a muchas autoridades estatales, judiciales y a la sociedad civil, y como parte del simplismo que nos caracteriza a la hora de abordar un problema, gran parte de las instituciones y personalidades del país están preocupados por el tema, pero lo hacen desde el punto de vista de los hechos y consecuencias, obviando las causas y raíces sociales que originan este tipo de comportamiento.
El hecho de que los crímenes en serie cometidos por una banda de menores de edad, haya sido el detonante para que los administradores de la justicia dominicana reclamen declarar de urgencia la modificación de dicho código, demuestra una irresponsabilidad galopante y sin limites de parte de nuestras autoridades judiciales.
Lo cierto es que lo que hoy nos acontece, como aquella crónica de una muerte anunciada, se veía venir. Los conatos de agresividad e inconductas juveniles, el microtráfico de droga en los barrios, el uso por adultos de menores como mulas, los diversos crímenes por el control de puntos de ventas de estupefacientes o por simples atracos, advertía este penoso desenlace.
Con insistencia se habla de la necesidad de que el Estado dominicano asuma sus deberes frente al tema en cuestión. Pero hay un aspecto o figura de ley en el referido código que apunta a una responsabilidad del Estado y de la propia familia frente al referido tema.
Cito:"Art.45.- DERECHO A LA EDUCACIÓN. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la educación integral de la más alta calidad, orientada hacia el desarrollo de sus potencialidades y de las capacidades que contribuyan a su desarrollo personal, familiar y de la sociedad. Asimismo, deberán ser preparados para ejercer plenamente sus derechos ciudadanos, respetar los derechos humanos y desarrollar los valores nacionales y culturales propios, en un marco de paz, solidaridad, tolerancia y respeto."
Cabría preguntarse, ¿quién garantiza plenamente la puesta en práctica de estas prerrogativas legales? Pocos o ninguno de los gobiernos que nos hemos gastado hasta hoy han mostrado una preocupación real para afrontar estas responsabilidades con carácter de ley y que son parte esencial del problema planteado.
Por ejemplo, el programa de primer empleo, que efectivamente se puede desarrollar como plan mixto entre el Estado y el sector privado, dándole participación a los jóvenes bachilleres para que se capaciten en las enseñanzas técnico-laboral, y dándole oportunidades de trabajar en empresas para insertarlos en el tren productivo ya sea publico o privado. Estas son soluciones y no poses cosméticas de ínfimos resultados.
Aplicar tasa cero al uso de la tecnología de la información y la comunicación a través de la Internet, sería un valor agregado al problema si de buscar soluciones reales se trata. Debemos recordar que estamos ante un proceso de descomposición social generalizado en donde el mal tocó fondo y no tiene edad, sexo, rango ni color. El cáncer hizo metástasis en nuestra sociedad.
El Cardenal López Rodríguez, los presidentes del Senado, Reinaldo Pared Pérez; de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa y de la Cámara de Diputados, Julio Cesar Valentín, así como congresistas del PLD, PRD y PRSC, se han expresado a favor de una modificación al mencionado código. Al parecer, estamos como aquel que después que le roban sale a comprar candado.
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