Los partidos tradicionales, todos sin excepción, en su labor de masificación, se nutren de muchas personas de diferentes clases sociales, grupos económicos, estamentos de poder y de los sectores populares que son quienes legitiman con sus votos todos los procesos electorales.
En los afanes de hacer política para lograr metas, hay muchas personas, las hay que tienen sanos propósitos y objetivos claros para servir a sus comunidades, provincias o país, pero también las hay que quieren usar la política como un medio para saciar apetitos personales y proteger intereses económicos específicos.
Desgraciadamente esta última rama de la política está tomando mucho cuerpo e inmisericordemente se ha enquistado de forma cancerosa en los sectores populares, ha contratado a una serie de mercenarios a lo interno de los partidos y le popen precio a las cabezas de los votantes.
Existen en la actualidad asociaciones y sindicatos de dirigentes populares que ejercen influencias sobre determinados grupos barriales y militantes de los partidos a los que ellos les bajan líneas y deciden por quien o quienes deben votar. Las líneas vienen con voto individual, mutual, tripleta o en serie, y cada modalidad tiene su precio.
Así de sencillo, llega “Don Dinero” se inscribe en un partido, compra un equipo de dirigentes con miles de votos cautivos, le ponen precio por cabeza a los votantes, les garantizan unos míseros pesos con los que apenas mitigan el hambre de ese día y los llevan a los centros de votación a ejercer su “libre derecho al voto”.
La política como la mas noble de las ciencias, la democracia como poder supremo, la libertad de opinión, el derecho de elegir y ser electo, las elecciones como ejercicio democrático donde los pueblos se dan sus propios gobiernos y muchas cosas mas se ven afectadas por esta malsana actividad de compra y venta de votos.
Lo mas penoso del caso es que esta inconducta politiquera que ejercen algunas personas indecorosas dentro de los partidos nos desvía de los objetivos reales y nos impide por momentos alcanzar nuestras metas en materia de políticas lectorales, es tiempo ya de que se creen mecanismos para impedir este tipo de prácticas en la política vernácula.
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