Al abordar el tema de la generación, distribución y cobranza del servicio energético en nuestro país, se necesita tener la máxima objetividad posible y poseer una actitud transparente frente a los diversos factores que intervienen en el laberintico tema.
Las autoridades pasadas y presentes no se han decidido a darle efectiva solución al problema, esto así porque el caos y la anarquía con que se maneja dicho sector son las claves para la obtención de pingües beneficios por parte de los distintos grupos que interactúan en el manejo y control del mismo. Véaselo como producto o bien como servicio.
Tradicionalmente el servicio energético ha sido manejado de una forma paraestatal, modelo que los políticos han usado para cebarse de dinero con practicas prevaricadoras en cuanto a lo administrativo y por otra parte la población se ha venido aprovechando del mismo haciendo conexiones fraudulentas e ilegales toda vez que ambos entienden que lo que es del estado pertenece a todos y debemos hacer festín nacional con ese plato servido.
La capitalización fue una salida efectiva y sincera, pero la cháchara politiquera y el clientelismo barato de un gobierno caótico dieron vuelta atrás, retornando de nuevo la carga pesada del insoportable subsidio energético al estado dominicano. Mantener ese insaciable monstruo de siete cabezas que se lo traga todo, llamado sector eléctrico, es una hemorragia económica que ningún estado puede soportar.
Mediante la Ley General de Reforma de la Empresa Pública (141-97) se creó en 1997 la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP), organismo que nace por una ley que fue consensuada y aprobada por todos los sectores sociales del país, entiéndase sociedad civil, grupos económicos, poder ejecutivo y el congreso nacional con consenso de todos los partidos.
Con dicha ley fueron creadas dos empresa de generación eléctrica, ITABO y HAINA, y tres empresas de distribución, EDENORTE, EDESUR y EDEESTE, las cuales sirven a unos 379,000, 396,000 y 359,000 clientes, respectivamente, lo que nos da un aproximado de 1,134,000 hogares y establecimientos comerciales con suministro registrado. A partir de ahí, a Dios que reparta suerte. Arañas de conexiones ilegales en los barrios y fraudes generalizados, tanto del sector público como privado.
Este desorden colectivo, equivalente a la ilegalidad legitimada, debe ser regulado con suficiente responsabilidad por parte de los actores portentos en dicho proceso. La población demanda un servicio mejorado, las distribuidoras requieren Siete víctimas electrocutadas ha sido el saldo de dos trágicos sucesos en sendos barrios de la capital por culpa de la caída de cables de alta tensión del tendido eléctrico y conexiones ilegales por parte de los usuarios del servicio energético del país. Tristeza, pena y dolor.
Al abordar el tema de la generación, distribución y cobranza del servicio energético en nuestro país, se necesita tener la máxima objetividad posible y poseer una actitud transparente frente a los diversos factores que intervienen en el laberintico tema.
Las autoridades pasadas y presentes no se han decidido a darle efectiva solución al problema, esto así porque el caos y la anarquía con que se maneja dicho sector son las claves para la obtención de pingües beneficios por parte de los distintos grupos que interactúan en el manejo y control del mismo. Véaselo como producto o bien como servicio.
Tradicionalmente el servicio energético ha sido manejado de una forma paraestatal, modelo que los políticos han usado para cebarse de dinero con practicas prevaricadoras en cuanto a lo administrativo y por otra parte la población se ha venido aprovechando del mismo haciendo conexiones fraudulentas e ilegales toda vez que ambos entienden que lo que es del estado pertenece a todos y debemos hacer festín nacional con ese plato servido.
La capitalización fue una salida efectiva y sincera, pero la cháchara politiquera y el clientelismo barato de un gobierno caótico dieron vuelta atrás, retornando de nuevo la carga pesada del insoportable subsidio energético al estado dominicano. Mantener ese insaciable monstruo de siete cabezas que se lo traga todo, llamado sector eléctrico, es una hemorragia económica que ningún estado puede soportar.
Mediante la Ley General de Reforma de la Empresa Pública (141-97) se creó en 1997 la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP), organismo que nace por una ley que fue consensuada y aprobada por todos los sectores sociales del país, entiéndase sociedad civil, grupos económicos, poder ejecutivo y el congreso nacional con consenso de todos los partidos.
Con dicha ley fueron creadas dos empresa de generación eléctrica, ITABO y HAINA, y tres empresas de distribución, EDENORTE, EDESUR y EDEESTE, las cuales sirven a unos 379,000, 396,000 y 359,000 clientes, respectivamente, lo que nos da un aproximado de 1,134,000 hogares y establecimientos comerciales con suministro registrado. A partir de ahí, a Dios que reparta suerte. Arañas de conexiones ilegales en los barrios y fraudes generalizados, tanto del sector público como privado.
Este desorden colectivo, equivalente a la ilegalidad legitimada, debe ser regulado con suficiente responsabilidad por parte de los actores portentos en dicho proceso. La población demanda un servicio mejorado, las distribuidoras requieren el pago de las facturas, pero pocos quieren asumir la responsabilidad colectiva que amerita el caso, en tanto que camino de doble vía.
La regulación y la responsabilidad compartidas entre las EDES y la población consumidora son las salidas más efectivas para la obtención de un mejor servicio y una buena cobranza por electricidad servida. Logrados estos factores, entonces y además de todo, podremos evitar muchas muertes trágicas, además de que los usuarios perjudicados podrían reclamar en demandas una justa indemnización tanto a la CDEEE como a las EDES.
el pago de las facturas, pero pocos quieren asumir la responsabilidad colectiva que amerita el caso, en tanto que camino de doble vía.
La regulación y la responsabilidad compartidas entre las EDES y la población consumidora son las salidas más efectivas para la obtención de un mejor servicio y una buena cobranza por electricidad servida. Logrados estos factores, entonces y además de todo, podremos evitar muchas muertes trágicas, además de que los usuarios perjudicados podrían reclamar en demandas una justa indemnización tanto a la CDEEE como a las EDES.
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