Rechazar la candidatura de Ricardo Jacobo, aspirante a senador por el PLD en el Seibo, muy cercano al presidente Fernández, por no llenar los requisitos electorales, así como la del candidato a diputado, Bernardo Santana Páez, por aun no haber adquirido su cedula de civil, demuestran que la JCE no esta atada a ningún cordón umbilical estatal.
Las tristes historias de muchas de nuestras anteriores autoridades electorales dejaban mucho que desear cuando se trataba de afectar los intereses del partido de gobierno. Dar un plazo de 48 horas al PLD, PRD, PRSC y al PUN para que resuelvan lo de la cuota electoral femenina habla muy bien de nuestro tribunal electoral.
Actuar asi es muy correcto de parte de la Junta Central Electoral. Todo parece indicar que los tiempos del robo de urnas, del fraude electoral y los madrugonazos en la JCE, y con la complicidad de sus autoridades, es cosa del pasado.
Esos tiempos y esos metodos de torcer voluntades pasan a los archivos del ayer. La sociedad se cansó de una JCE dando veredictos preelaborados, fabricados en contra de la voluntad libérrima del pueblo elector, que aun votando por un partido y sus candidatos, desde la cúpula presidencial de la doctor Delgado se retorcian los resultados de las elecciones.
Tal parece que estamos ante la presencia de una JCE que apegada a sus principios y mandatos constitucionales nos aplica su Articulo 211, del capitulo 11, sobre los órganos electorales donde reza: “Las elecciones serán organizadas, dirigidas y supervisadas por la Junta Central Electoral y las juntas electorales bajos su dependencia, las cuales tienen la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”.
Continuando con su articulo 212 donde dice: “La JCE es un órgano autónomo con personalidad jurídica e independiente técnica, administrativa, presupuestaria y financiera, cuya finalidad principal será organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de mecanismos de participación popular establecidos por la presente Constitución y las leyes”.
Desde hace mucho tiempo, y con insistencia justificada, importantes sectores políticos y de la sociedad civil vienen levantando la bandera del respecto a la institucionalidad democrática y para que el máximo tribunal electoral desempeñe sus funciones de árbitro imparcial sin depender de los designios palaciegos. El esfuerzo no ha sido en vano.
Cuando se actúa con equilibrio y transparencia en la dirección de un proceso electoral, todos los activos políticos institucionales están abocados a respetar, sin recelos ni escarceos, los resultados que emanen de las voces de esos jueces.
Los actuales jueces de la Junta Central Electoral están en lo suyo, salvo algunos ruidos que algunas veces se escuchan desde lejos, avanzamos hacia el proceso de manera positiva y segura, y como lo que es igual no da ventajas, que los partidos competidores se preparan bien para ganar, pero si pierden este proceso, como también puede pasar, que después no digan: ¡Ay me engañan!
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