El Tribunal Constitucional ordenó a la Junta Central Electoral (JCE) la entrega inmediata de los nombres de cada uno de sus empleados y funcionarios, indicando el cargo y salario de cada uno de ellos, a una persona que solicitó esa información.
El TC acogió parcialmente una acción de amparo que presentó Allan de Jesús Tiburcio Andrickson, basado en la ley 200-04 de libre acceso a la información pública. Con esa disposición, el TC anuló la sentencia número 60 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el 15 de febrero del 2012, siendo la quinta ocasión en que dispone la nulidad de una sentencia de la SCJ.
El TC revocó también la sentencia 044-2010, dictada por el Tribunal Superior Administrativo, el 11 de mayo del 2010, que rechazó la acción de amparo presentada por Andrickson para reclamar las informaciones a la JCE. Recordó una anterior sentencia sobre la obligación que tienen las instituciones públicas de divulgar la nómina.
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