Colegios privados; ilegalidad, provocación e injusticia

Por Jesús Belén

Cada colectivo profesional o agrupación de intereses políticos, económicos y sociales tiene su propio código deontológico, algo así como sus principios éticos y morales, todas las normas con las que las instituciones definen su accionar de cara a la sociedad. Claro, si estamos hablando de principios éticos no de beneficios lícitos.

Los dueños de los colegios privados se han dejado ver su raído y sucio refajo con el aumento de hasta un 30% a las tarifas educativas y la amenaza de llevar a Data Crédito a los padres que se retrasen a sus pagos, esto ha caído de muy mal gusto en La Federación de Padres de Niños en Colegios Privados y Escuelas Públicas (FEDEPADRES), así como en la población en sentido general.

El Consejo Nacional de Educación en sus artículos 75 y 78 define de manera clara sus funciones como máximo organismo regulador de políticas educativas públicas y privadas, de establecer políticas de carácter normativo como marco de referencia obligatorio para efectuar los procesos de Planificación y Administración del sector educativo de manera general.

No conforme con lo antes señalado los “Todopoderosos” dueños de colegios anunciaron con denunciar ante sus clientes-alumnos, tildándolos de irresponsables, cuando sus compradores-padres no paguen sus mensualidades ante su empresa-colegio. Que para evitar retrasos y moras se tendrán que someter a un servicio pre-pago como si fuese una tarjeta de celular. Esta claro que aquí solo prima el interés comercial y lucrativo de unos cuantos que viven del negocio de la educación.

Los dueños de los colegios privados violan el Articulo 44 de la Constitución, sobre el derecho a la intimidad y el honor personal, cuando dice: Toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole esta obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley.

Esta claro que la libertad de empresas, comercio e industria es un derecho legítimo que tienen todos los dominicanos que deseen emprender libremente la actividad económica de su preferencia. Así lo designa nuestra actual constitución en su Artículo 50, sobre Los Derechos Económicos y Sociales.

Si vemos de manera detallada el Artículo 63 de nuestra constitución, sobre el Derecho a la Educación, cuando establece que toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades… La familia es responsable de la educación de sus integrantes y tiene derecho a escoger el tipo de educación de sus hijos menores, esto es una verdad.

Ahora bien, colocar a los padres ante sus hijos y la sociedad como vulgares morosos (delincuentes y malapagas) por el simple hecho de retrasarse con el pago de la mensualidad de los suyos, es una barbaridad, además de ilegal; que la Fedepadres y el estado dominicano están en la obligación de enfrentar sin pérdida de tiempo.

Es por esto que consideramos justo y adecuado el proyecto educativo a doce años que plantean algunos políticos, entre los que se destaca Danilo Medina, cuando hablan de fomentar un modelo educativo consistente y de calidad. El estado está en el deber de ir en auxilio de los padres y alumnos abusados por el sector privado de la educación.

A partir del momento en que el estado pueda garantizar una verdadera educación pública gratuita y obligatoria en el nivel inicial, básico y medio, donde la formación integral del ser humano sea el motivo fundamental, entonces los padres tendrán la oportunidad de escoger donde inscribir a sus hijos sin chantaje y la extorsión de estos comerciantes desalmados.