El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, afirmó ayer ante el Senado que esa institución se ha manejado conforme a las leyes y a la Constitución en los casos de indocumentados haitianos y de otras nacionalidades. Al responder preguntas de los senadores, instancia legislativa a la que fue invitado para explicar el supuesto caso de los 22,673 expedientes de actas de nacimiento negadas a personas de ascendencia haitiana, respondió más de cuatro veces que esos casos no existen, que han sido un invento.
Indicó que realmente son investigados poco más de 4 mil casos, de los que esperan respuesta del Tribunal Constitucional.
“El problema con los 22 mil casos, es que no son casos. Es que es un invento. Yo lamento mucho que se me haya quedado una carta, en la que la primera persona que habló de eso, dijo que no tiene los nombres, que lo que tiene es un inventario que fue hecho en cada una de las Oficialías; yo le aseguroa usted, yo le juro a usted, que no se han suspendido 22 mil personas; es más, yo voy a ser más preciso: yo no he visto, ni siquiera esos nombres”, respondió al senador Julio César Valentín.
Luego de una amplia exposición que se prolongó por alrededor de cuatro horas, Rosario Márquez explicó que “el pleno de la JCE nunca ha tomado una decisión de suspender actas de manera general, sino que por el contrario, se ha hecho caso por caso y solo cuando los mismos han sido remitidos con la recomendación favorable de la Comisión de Oficialías de ese organismo. Al presidente de la Junta lo acompañaron los magistrados César Féliz Féliz y Rosario Graciano.
Luego, Rosario pidió al Senado, cuyos trabajos en Comisión General encabezó el presidente, Reinaldo Pared Pérez, que valore la posibilidad de adoptar una acción legislativa mediante la cual se respalde la iniciativa del presidente Danilo Medina, en el sentido de que el Poder Ejecutivo facilite u otorgue las facilidades al gobierno de Haití para que esa nación documente a sus propios ciudadanos, como parte de la política que se desarrolla en esa vecina nación, con los auspicios de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Además, que en mérito de sus atribuciones como órgano de control, verifique las disposiciones de la Ley 285 de Migración, y su reglamento de Aplicación, en el sentido de implementar, a la mayor brevedad posible, el Plan Nacional de Regulación, para que las personas que habitan esta parte de la isla, sin documentos, puedan regularizar su estatus y adquieran la residencia, visa de trabajo y naturalización, los que apliquen.Dijo que no hay prejuicios contra ningún extranjero, pero que la ley es igual para todos.
0 comentarios:
Publicar un comentario