Dos entidades defensoras de los derechos de los haitianos que acusan al Estado dominicano ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos alegaron que una resolución de la Suprema Corte de Justicia de 2005 y la Constitución de 2010 represetan un desacato a una sentencia del órgano regional que condena al país por alegada violación de los derechos de dos descendientes de inmigrantes haitianos ilegales.
Los alegatos se realizaron durante el curso de una audiencia celebrada el pasado 28 de mayo, en San José, Costa Rica, para dar seguimiento a una sentencia dictada en 2005 que ordena al Estado dominicano a otorgar la nacionalidad a dos niñas descendientes de inmigrantes haitianos, mediante la declaración tardía de nacimiento.
Esa resolución ordena también realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y de petición de disculpas a las víctimas Dilcia Yean y Violeta Bosico; además a Leónidas Oliven Yean, Tiramen Bosico y Teresa Tucent Mena.
Un informe de Brígida Sabino Pozo, encargada de la Unidad de Declaraciones Tardías de Nacimiento de la Junta Central Electoral, quien representó al país en la audiencia, establece que miembros de la Corte sometieron a los representantes del Estado a un “bombardeo constante” de preguntas sobre el ordenamiento jurídico interno del país, como instrumento de regularización del status migratorio para extranjeros.
Sabino Pozo, en su informe a la doctora Rosario Graciano, juez titular de la JCE y coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos, explica que entre otras interrogantes preguntaron que: “si considerábamos que la Suprema Corte de Justicia, a la hora de evacuar la sentencia dada en el año 2005, tomó en consideración la sentencia que ya había evacuado esa honorable corte”.
A seguidas otras de las preguntas, de acuerdo al informe, que fue remitido al presidente de la JCE, Roberto Rosario, fue que “si entendíamos que el Congreso de la República, al momento de votar la Constitución del 2010, tomó en cuenta la sentencia dictada por esta corte. en el año 2005”.
En ese sentido los peticionarios, representados por Charles Abbott , de la organización no gubernamental CEJIL, y una representante del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA) expresaron a la corte que en más de una ocasión el Estado dominicano en vez de cumplir el mandato de la sentencia ha hecho un desacato de la misma a través de las decisiones que sobre la materia adoptó la Suprema corte de Justicia en 2005 y los mandatos de la Constitución de 2010 sobre la nacionalidad.
La delegación dominicana, integrada además por el embajador Juan Cerón Suero y el representante del gobierno ante esa corte, José Marcos Iglesias, alegaron que su posición estaba ajustada a los que establecen las normas jurídicas del Estado dominicano sobre la nacionalidad y a los protocolos que hay que seguir para que un ciudadano extranjero la obtenga.
El debate
Durante los debates en la audiencia volvió a relucir, por parte de los demandantes, el tema de los supuestos 22, 673 expedientes, mencionado por el juez de la JCE José Angel Aquino, que a decir de los peticionarios “el Estado dominicano pretende desnacionalizar”.
Este tema ha generado una gran controversia entre los jueces de la Junta Central Electoral que ha motivado a la Cámara de Diputados a realizar una investigación para establecer la veracidad de la denuncia hecha por el juez Aquino.
